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A finales de los años ’70 se realizó el Congreso Internacional sobre Autogestión, organizado por el Centro de Estudios Pinelli, de Milán, Italia. Este encuentro contó con la participación de diversos personajes relacionados al movimiento libertario, tales como Amadeo Bertolo, Nico Berti, Rene Lourau, Frank Mintz, entre otros.

El trabajo que presentamos a continuación corresponde Luciano Lanza, redactor en ese entonces de la «Revista Anarchica». Se trata de una interesante indagación en las relaciones económicas de la sociedad actual y el modo en que éstas podrían transformarse y proyectarse en una sociedad libertaria futura. Trabajo complicado, sin duda, sobre todo cuando detrás del trabajo de Luciano Lanza existe toda una elaboración de un plan económico libertario, el cual no sólo recoge los aportes de autores clásicos como Piotr Kropotkin y Pierre Joseph Proudhon, sino que también, y siguiendo lecturas de la economía actual, reflexiona en torno al mercado, la moneda e, incluso, la banca en el contexto de una economía libertaria, conceptos que suelen ser apartados de las propuestas anarquistas, pero que, en este caso, se presentan como articulaciones interesantes para el debate.

¿Qué sucedería con el mercado? ¿la moneda? ¿el sistema financiero? ¿la competencia? Interrogantes que no podemos responder a base de clichés. Por el contrario, necesitan ser analizadas y discutidas, de tal forma que nuestro discurso y práctica no se transforme en la repetición de viejas ideas.

Porque este texto, que en realidad no es tan extenso, no sólo ofrece elementos interesantes para un proyecto económico anarquista, sino que también aporta al debate y a la crítica, interpela a interesarnos por el campo de lo económico.

En fin, recordando con Luciano Lanza que la sociedad anarquista es la sociedad de la revolución continua, dejamos con ustedes el texto:

«Autogestión y Economía: notas para un debate», por Luciano Lanza[1]

I. Introducción

PRETENDER prefigurar la estructura económica post-revolucionaria y las relaciones que la constituirán puede parecer, a primera vista, una operación de pura fantasía, e incluso superflua, considerando que ya existen ejemplos literarios notables[2].

La operación se presenta menos fantástica si en lugar de pretender dar soluciones prefabricadas, se quiere contribuir a una profundización en la investigación analítica que, a partir del examen de las relaciones económicas, se dirija a desentrañar qué naturaleza deberán tener éstas para coordinarse coherentemente con los objetivos anarquistas de aquélla “sociedad en la que se realicen, al máximo, la libertad y la igualdad… es decir… la alternativa global al modelo social jerárquico”[3]. Por tanto, la investigación de los objetivos económicos es, en realidad, una investigación de los medios funcionales para el proyecto más general. Existe, por el contrario, la tendencia (aunque no generalizada), en el movimiento anarquista actual, de infravalorar o rechazar este tipo de investigación. Los motivos residen, a grosso modo, en la convicción de que el evento revolucionario liberará tantas energías y nuevas disponibilidades, que se modificará sustancialmente nuestro modo de ser y, por tanto, nuestras relaciones sociales y económicas. Y por tanto, todos los «modelos» resultarán absolutos y su preparación hoy hay que considerarla como pasatiempo más o menos intelectual.

Si es cierto que esta formulación contiene elementos correctos, también lo es que resulta necesario, para un movimiento revolucionario dotarse de conocimientos sobre los medios y los caminos a seguir para realizar los fines propuestos.

Por otra parte, la experiencia histórica nos enseña que a los éxitos revolucionarios ha seguido siempre el intento de la inmediata puesta en práctica de cuanto había elaborado el pensamiento libertario, y sus militantes habían divulgado antes del acontecimiento. España docet[4].

Por otra parte, en la producción «clásica» del pensamiento anarquista no faltan ejemplos de prefiguración de la sociedad libertaria[5], y es quizá la actual pobreza cultural la que nos impide salir de unos slogans hoy ya caducos. Resulta, de todas formas, evidente que todo lo que viene a continuación solamente quiere iniciar el debate y no pretende aportar soluciones.

II. Las Leyes Económicas

UNA FRASE de Bertrand Russell, sintetiza perfectamente lo que, a mi juicio, debe ser la actitud frente a la ciencia económica y sus sacerdotes, casi siempre apologetas de los intereses establecidos:

«La economía como ciencia en sí misma no da resultados adheridos a la realidad e induce a errores cuando se toma como guía para la acción. Es sólo un elemento —importantísimo, sin duda—de un mayor ámbito de conocimiento, la ciencia del poder».

De hecho, las elaboraciones de los economistas sirven, sobre todo, para cubrir las relaciones de poder existentes con una impresionante cortina de «necesidades económicas» y de «leyes económicas»[6]. No obstante, hay que reconocer que, dado un determinado contexto social, las relaciones económicas que nacen de estas «precondiciones», siguen una dinámica precisa que puede leerse como «ley económica». Por tanto, estas leyes no son «innatas» sino consecuencia de las «condiciones dadas».

Y aquí llegamos al problema que nos interesa: cuáles son las «precondiciones» (determinadas por la voluntad revolucionaria) y cuáles son las relaciones económicas a instaurar para estar de acuerdo con los objetivos; o quizá, cuáles son las que hay que evitar porque producen efectos negativos o antitéticos con los propios objetivos.

 

III. El régimen asambleario y la delegación

SIN ADENTRARSE en una disección de todas las articulaciones y todos los ámbitos que determinan el complejo de «precondiciones» antes apuntadas, creo que uno de los aspectos fundamentales a analizar es el de la práctica de la «democracia directa», sobre todo porque se enlaza orgánicamente con el objeto de esta investigación.

La democracia directa se puede definir como aquel proceso decisional en el que todos los sujetos intervienen activamente y directamente en la formación de la voluntad colectiva.

Para realizarse completamente necesita de un ámbito no excesivamente amplio, y caracterizado por una cierta afinidad.

Esto es, sin duda, una limitación porque significa reducir su aplicabilidad sólo a grupos de base poco numerosa y reunidos según la afinidad, en nuestro caso económico.

Pero no siendo posible establecer la hipótesis de una sociedad formada por microunidades en las que se realiza perfectamente la democracia directa -pero que no entran en relación entre ellas-, es necesario examinar de qué forma puede establecerse esta relación.

El «principio federativo» se concreta, en los momentos en que hay que tomar una decisión, no con la participación directa de todos los miembros de la federación, sino a través de una mediación: la delegación.

La delegación puede asumir principalmente dos formas: la delegación con mandato específico, y la delegación de funciones[7].

Mientras la primera forma está sujeta a revocación y verificación inmediata y por tanto no debería producir efectos negativos, la segunda es configurable como lugar de formación de un «poder potencial»[8].

Resulta evidente, por otra parte, que la verificación de esta última resulta más compleja, a menos que se caiga en la confianza simplista de un Besnard[9].

Si tanto en la organización federativa, como en la articulación de la unidad productiva, son necesarias delegaciones de funciones, es necesario privar a este «medio de poder» de las «estructuras sociales de poder»[10], en las cuales la potencialidad se convierte en actuación.

El principio que informa el procedimiento de la delegación se basa en preferir la eficacia social frente a criterios de pura eficiencia técnico-económica, lo que significa, cuando sea imposible suprimir las funciones, impedir que se conviertan en papeles sociales fijos, haciéndolas rotar entre el mayor número posible de sujetos, según tiempos y modalidades relativos a las propias funciones o determinadas por la voluntad colectiva.

Parafraseando a Pierre Clastres[11] se puede adoptar esta «penalización» de las funciones: la deuda es la categoría política más segura con las variaciones del sentido de esta obligación. Donde las funciones (y, por tanto, los sujetos que las ejercitan) están en situación deudora hacia la sociedad, estamos en presencia de una sociedad indivisa, cuyo poder reside homogéneamente en el cuerpo social. Cuando es la sociedad la que esta en deuda con respecto a las funciones, el poder se ha separado de la sociedad concentrándose en pocas manos, produciendo la escisión del cuerpo social en dominantes y dominados.

IV. Funcionamiento y conflictos

PRIVADA la función de sus atribuciones autoritarias, hay que examinar según qué mecanismos se desarrollan «las reglas de funcionamiento» en los diferentes ámbitos: simple y complejo.

Estas reglas se conforman según el principio del «libre acuerdo» que sustituye la ley imperativa: en la práctica, el acuerdo asume las dimensiones del «contrato», aunque con connotaciones nuevas.

La nueva dimensión le viene dada por la efectiva igualdad entre las partes contratantes, traduciéndose, por tanto, en un encuentro real de voluntades expresadas libremente.

Las posibilidades de acuerdo se hacen más complejas cuando el «contrato» no tiene carácter bilateral, y sin embargo debe comprender y coordinar una pluralidad de voluntades. A este nivel, el proceso de decisión se hace articulado y pueden ser necesarias las mediaciones. Se pueden dar, incluso, posibles manifestaciones de conflicto.

La hipótesis del conflicto no debe ser soslayada como solemos hacer demasiado a menudo. Porque si es cierto que, en una hipótesis de sociedad realmente igualitaria, desaparecerán los presupuestos para el «conflicto de clase» (es decir, entre quien tiene y quien no tiene, o entre quien sabe y quien no sabe), también es cierto que otros conflictos, con diversas connotaciones podrán existir, aunque se presenten atenuados por el distinta contexto social, moral, psicológico, etc… ¿Cómo situarse, entonces, frente a ellos, faltando una instancia superior que regule por decreto su solución? Sostengo que los conflictos deben poder expresar toda su potencialidad diversificante, porque en ello reside uno de los aspectos pluralistas de la sociedad.

El proceso de toma de decisiones a la luz de tales consideraciones, adquiere una nueva dimensión: se convierte en el momento de conocimiento de las diferencias, y realiza su posible mediación, o su exaltación, que se traduce en las soluciones adoptadas.

La solución de síntesis podría resultar armónica sólo en un ámbito que tienda, de hecho, a la totalitarización de los aspectos económico-asociativos. Un nuevo totalitarismo que pretende recomponer los contrastes en un sofocante ecumenismo.

Esto significa sacrificar un poco de esa malentendida eficacia (demasiado a menudo invocada en el campo económico), por la aceptación consciente de las funciones vivificantes del conflicto, lo que evita la posibilidad de recrearse en un nuevo conformismo.

 

V. La unidad productiva y sus objetivos

LA UNIDAD productiva, la empresa autogestionada, está considerada como la propuesta, a nivel microeconómico, de los objetivos más generales de la sociedad. Desde esta óptica, la empresa es un «sujeto de decisiones»[12] concernientes a la producción y la distribución de bienes y servicios dirigidas a alcanzar los objetivos arriba indicados.

Dibujado así el problema, las «motivaciones de la empresa» no pueden ser reconducibles a los objetivos clásicamente analizados, como la «maximización del beneficio».

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el análisis de los objetivos de la empresa se ha modificado en los últimos años, sobre todo frente al fenómeno de la «gran empresa oligopolítica». En este caso, el análisis clásico, que se ha demostrado insuficiente, y ni siquiera descriptivo, se ha ampliado introduciendo en él la categoría «poder»: la gran empresa se mueve y se expande para garantizar y para ampliar el poder de sus directivos, los managers. La inclusión del poder aparece, por tanto, como elemento nuevo y como salto cualitativo estrechamente ligado a la estructura atípica del oligopolio. Creo, por el contrario, que el análisis económico del beneficio de la empresa debe incluir el elemento «poder» también para el régimen capitalista-empresarial. Estando, como está, este régimen basado en la hegemonía de lo económico, la consecución del beneficio es el medio para la adquisición del poder, y, por tanto, el beneficio se hace elemento constitutivo del ejercicio del poder.

Desde este ángulo, el desarrollo de la empresa hasta el oligopolio es un proceso sin saltos cualitativos a pesar de que el aspecto dimensional -que comporta una modificación estructural-, determina una nueva configuración del ejercicio del poder.

Visto desde otra óptica, el beneficio en el régimen capitalista es un instrumento de medida de la capacidad dirigente de los miembros de la clase dominante, y, al mismo tiempo, de la eficiencia de la empresa. La existencia o el aumento del beneficio es paralelo a la conservación, o el aumento, del poder del empresario-capitalista. Igualmente, su reducción o su transformación en pérdidas, comportan una disminución relativa de poder e incluso, la exclusión del empresario incapaz de la clase dominante. Por tanto, el beneficio es también momento de selección y de movilidad social.

En la sociedad capitalista-tardía (Europa, USA, etc.) y post-capitalista (URSS, etc.), no existiendo ya una hegemonía de lo económico, que aparece fusionado con lo político, y siendo ejercitado el poder gracias «a la posesión de los conocimientos inherentes a la dirección de las grandes asociaciones políticas y económicas»[13], vemos que se modifica también la función del beneficio: ya no es atributo de la propiedad sino índice para la selección de los dirigentes económicos más capaces[14].

En un sistema basado en la autogestión, el superávit de la empresa (en la hipótesis de que opere en relaciones de mercado, como expondré a continuación) no presenta las connotaciones del beneficio capitalista o tecnoburocrático.

Esto sucede porque la propiedad privada o de «clase»[15] se sustituye por la propiedad social, es decir, la conquista a ejercitar el derecho sobre todo por parte de todos. Una propiedad que se traduce en posesión colectiva e individual, según que la forma de producción sea colectiva o individual.

Si para la posesión, las relaciones económicas son fácilmente individuales, en lo que respecta a la «propiedad colectiva» resultan más difíciles de identificar. Seguramente la expresión indica una relación socio-económica diferente, todavía por describir.

Por otra parte, la empresa autogestionada como elemento microeconómico de la sociedad autogestionada, que tiene como motivación la consecución de los fines de esta última (más aún, siendo ella misma una parcela momentánea de la íntima correlación general entre medios y fines), se sustrae a una lógica productivista, pero armoniza la producción (elemento necesario -o medio- para la satisfacción de necesidades) con el «trabajo agradable» (elemento cualificador que introduce el fin en el medio).

 

VI. El individuo y el trabajo asociado

EL INDIVIDUO es el elemento privilegiado de la empresa autogestionada. A él se refieren los problemas organizativos. Si la empresa autogestionada debe tener una naturaleza nueva, le son completamente extrañas todas las «teorías de la empresa» conocidas hasta hoy, tanto capitalistas como burocráticas.

La «teoría de la empresa autogestionada» parte del individuo y termina en el individuo, de forma que éste, asociándose a otros, no entra que una dimensión que produce su propia limitación, sino que por la asociación se produce una ampliación de sus posibilidades. El intercambio de conocimientos se convierte en un proceso de continuo enriquecimiento individual, y, al mismo tiempo, colectivo. La actitud psicológica se modifica por el clima que se instaura gracias a la naturaleza diferente de las relaciones de producción, dando lugar al mismo tiempo, a una configuración diferente del ciclo productivo. Las modalidades y los ritmos de producción resultan de la combinación libre de voluntades expresadas libremente, y la asociación asume la dimensión del acuerdo muto y solidario. De este planteamiento emana la naturaleza esencialmente contractual de la empresa autogestionada: un contrato entre iguales. Esta naturaleza contractual y este tipo de contrato son significativos porque, siendo la empresa uno de los elementos constitutivos de la estructura social, y si “los contratos de cada sociedad se modelan sobre el contrato establecido de hecho entre trabajadores y dirigentes sociales”[16], resulta evidente que el contrato empresarial, eliminada la figura del dirigente y realizado en forma horizontal, proyecta esta horizontalidad en toda la sociedad.

La proyección de empresa y sociedad no es automática (visión economicista), pero también es verdad que la horizontalidad empresarial crea «anticuerpos» que se oponen a una articulación jerárquica de la sociedad.

VII. Estructura y proceso decisional

LA ESTRUCTURA de la empresa -capitalista o tecnoburocrática—, está verticalizada y jerarquizada, porque se conforma de acuerdo con la estructura jerárquica de la sociedad, y esta última está condicionada por la estructura de la empresa. Una influencia recíproca y constante que ve en las relaciones jerárquicas de producción una manifestación a nivel económico de las relaciones dominados-dominantes a nivel social[17].

La estructura horizontal de la empresa autogestionada, caracterizada por unas relaciones igualitarias, sigue, en el proceso decisional, modalidades completamente diferentes.

A la verticalidad se contrapone una organización formada por las relaciones directas y entrecruzadas de las partes de la empresa.

Momento decisional «básico» es la asamblea de sección.

Las diversas asambleas de sección se relacionan directamente entre ellas, a través de delegados nombrados rotativamente que son rápida y fácilmente controlables, dado el ámbito de que salen y el tipo de encargos que deben cumplir.

Desde esta óptica, la asamblea general de empresa es un momento de confrontación y de decisiones ampliadas, precedida y seguida de continuos intercambios directos de información, preguntas, y elaboración común entre sección y sección. El individuo está así en condiciones de participar en la asamblea general, no como espectador pasivo, sino como miembro activo del proceso decisional.

Es obvio que aquí resulta imposible examinar las distintas articulaciones que podrán, o querrán, darse en cada empresa. Estas estructuras diversas varían con el cambio de las exigencias y particularidades de cada producción. Aquí se trata sólo de indicar lo que pienso que son hipótesis de carácter general. Así, resulta evidente que tanto para aquellas «funciones de coordinación» necesarias, como para la «representación externa» de la empresa, el principio que debe informar estas funciones es el carácter rotativo y la mayor simplificación posible de las mismas. Todo, obviamente, en el plano de una integración generalizada del trabajo manual con el intelectual[18].

VIII. El problema dimensional

EL MITO de la gran dimensión como optimización de las «economías de escala», tiende a caer. Cada vez con mayor dificultad los apologetas del sistema consiguen traer a colación el consabido ritornello, y cada vez más frecuentemente dirigen sus análisis hacia las «diseconomías de escala». Los mismos proyectos de reestructuración de los grandes oligopolios[19], vienen a demostrar como la clase patronal tiende a descentralizar los aspectos productivos para aumentar el control efectivo, mediante una centralización de los conocimientos de los flujos financieros y los complejos procesos decisorios, o con alto contenido tecnológico.

La lógica que mueve esta reestructuración no es, evidentemente, extraña, pero la he traído a colación porque nos sirve para comprender como se van haciendo posibles las «pequeñas dimensiones» respondiendo a las exigencias productivas. En la hipótesis autogestionaria se rechaza la «gran dimensión» (y es posible rechazarla), porque viene determinada no por exigencias productivas sino por exigencias de poder[20]. Además, con el crecimiento de las dimensiones de la empresa, el proceso decisional interno necesita cada vez mediaciones mayores que atenúan, y al final anulan, las posibilidades de practicar una efectiva democracia directa. Paralelamente a la «pérdida» de democracia directa en el interior, las dimensiones permiten a la empresa ejercitar su influencia hegemónica sobre el ambiente externo: consumidores y otras empresas[21]. La empresa de grandes dimensiones, por tanto, crea jerarquía en su interior y ejerce poder en su exterior.

IX. El empleo de los recursos y la distribución de los bienes y servicios

¿EN QUE relaciones entra la empresa autogestionada con otras empresas y con los consumidores? ¿A través de qué mecanismos se decide la producción, y cómo se pone ésta al servicio de la satisfacción de las necesidades?

Las soluciones a este problema, en el estado de cosas actual, son sólo dos: el mercado y/o la planificación. Ninguna de las dos formas existe en estado «puro», pero los diferentes regímenes se presentan como una combinación, más o menos acentuada, de ambas[22]. En los dos casos «el valor es la piedra angular del edificio económico»[23].

El valor es la cuantificación de la utilidad de un bien, comúnmente se llama valor de uso. A este valor al que hacen referencia todas las teorías socialistas y anarquistas para la satisfacción de las necesidades, para superar el valor de cambio (determinado por la cantidad de un bien que puede ser intercambiada con el bien deseado). El valor de cambio se transforma en precio cuando uno de los dos bienes es la moneda.

Este nudo no ha sido nunca superado, es más, el pensamiento marxista, a pesar de mantener «… que la producción por el valor de cambio y no por el valor de uso, que el mercado lleva consigo, es una forma de alterar el orden natural de las cosas y causa de la alienación del hombre»[24], allí donde ha conseguido realizarse (URSS, China, etc.), ha tenido que introducir formas simuladas para medir el valor de cambio.

Proudhon previó, con intuición auténticamente genial, este hecho:

“El comunismo, digámoslo, no superará jamás esta dificultad”.[25]

Es más, llegó a comprender que:

 “… la idea contradictoria del valor, puesta de relieve por la inevitable distinción entre valor de uso y el valor de cambio, no viene de una falsa percepción . . . sino que está inserta en la naturaleza de las cosas y se impone a la razón como forma general de pensamiento, es decir, como categoría”[26].

Para concluir que en la práctica económica:

“… el valor de uso y el valor de cambio son inseparables…”[27].

A partir de esta clara visión del problema, Proudhon anticipa, en más de cien años, toda la crítica a la teoría del valor-trabajo de Marx:

“Notémoslo bien, el alza y la baja de las mercancías son independientes de la cantidad de trabajo empleada en la producción, y el mayor o menor coste de producción no sirve para explicar sus variaciones”[28].

Que es lo que demostrará Piero Sraffa ciento catorce años más tarde:

“El movimiento en el precio relativo de dos productos viene a depender no sólo de las proporciones entre trabajo y medios de producción que han servido para producirlos, sino también de las proporciones que han servido para producir aquellos medios de producción, así como de las proporciones que han servido para producir los me-dios de producción de aquellos medios de producción, y así sucesivamente.

Y resulta que el precio relativo de dos productos puede, con la reducción de los salarios, moverse en dirección opuesta a aquella que podría esperarse, sobre la base de las respectivas proporciones…”[29].

La aproximación al problema del valor debe, por tanto, ser diferente. No sirve para nada rechazar el valor de cambio de forma dogmática si éste es el único instrumento que nos permite establecer cuáles y cuantos son los bienes que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. La aproximación debe utilizar la indicación proudhoniana de considerar al valor como «una relación esencialmente social». Por tanto el contexto en que actúa la «ley de valor» es el que permite o excluye la explicitación de los efectos negativos[30].

Prefiero, por tanto, centrar la atención sobre el contexto socioeconómico general, evitando una profundización del problema del valor, por otra parte, todavía sin resolver. Porque incluso la economía de la autogestión, a pesar de evaluar el elemento trabajo como «coste social real[31] de un producto, no puede eliminar el elemento desiderabilidad que no siempre refleja, necesariamente, el coste del mismo.

Si se acepta el valor de cambio como instrumento para la determinación práctica de la cantidad y la calidad de los bienes a producir, es necesario entonces dotarse de un instrumento que permita el valor de cambio traducirse en una medida generalmente comprensible, que permita por tanto (parece un juego de palabras), cambiar los valores de cambio: la moneda.

Sé muy bien que suscito una «crisis de rechazo», porque en todos nosotros, los anarquistas, está fuertemente arraigado el «principio antimonetario», pero incluso en este caso hay que darse cuenta de que nuestras críticas van contra la función de la moneda en régimen capitalista o tardo-capitalista (es decir, sobre su capacidad de transformarse en capital), y no contra la moneda en cuanto tal.

A este respecto me parece útil para el examen del problema, y para formular una hipótesis de trabajo, proponer algunos pasajes del documento “Ejemplo de reforma monetaria y esquema de la circulación fiduciaria en una economía social”, redactado por un grupo de militantes de la CNT del Sindicato Textil de Cataluña, en 1936[32].

El documento para empezar aclara que “el sistema monetario es un sistema de medida y de confrontación del valor de las cosas, exactamente como el sistema métrico es un sistema de medida y de confrontación de las dimensiones de las cosas. La supresión de la moneda no es, por tanto, posible en una sociedad organizada, ya que la necesidad de confrontar las cosas, y de cambiarlas, es evidente para el hombre”. Y se añade que “Hay que comprender que sustituir el sistema monetario actual con un sistema de bonos-cambio no significa suprimir la moneda: es simplemente sustituir la base arbitraria actual con otra base arbitraria de cambio”.

Después de analizar la función de la moneda el documento propone que la reforma monetaria radical debe basarse en la separación práctica y efectiva de estas dos concepciones: “bienes de consumo y medios de producción”. De lo que se desprenderían dos tipos diferentes de moneda: moneda de consumo y moneda de producción.

La moneda de consumo servirá para todas las transacciones relativas a las necesidades, pero no dará derecho a la adquisición de medios de producción. Tendrá una circulación visible bajo la forma de papel moneda. La moneda de consumo se convertirá en moneda de producción cuando, terminado su ciclo particular, entrará en las cajas de las empresas de producción.

La moneda de producción servirá, por su parte, como unidad de cambio para todas las transacciones de medios de producción. No tendrá una circulación visible, sino que será a través de formas particulares de cheques, letras de crédito, etc.. y la regulación entre empresas se hará mediante compensaciones.

Incluso en la forma condensada en que la he expuesto, la propuesta de los cenetistas del textil me parece que demuestra, con bastante claridad, su propio carácter innovador. Sobre todo porque en ella se intuyen los intentos de modificar la naturaleza de las relaciones en torno a la moneda y de modificar, igualmente, el ciclo.

En este caso, en efecto, el ciclo ya no es capitalista[33], la moneda no se puede transformar en capital y sirve únicamente como instrumento en los cambios, e incluso a nivel de empresa no subsisten los problemas dada la naturaleza diferente de la propia empresa.

Después de estas necesarias premisas, es oportuno analizar las relaciones entre empresas y entre éstas y los consumidores.

X. El mercado

“EL MERCADO es el lugar donde, por el encuentro de la oferta y la demanda, se fija la cantidad de un bien que hay que cambiar a un determinado precio”. Así, a grosso modo, los manuales de economía definen el mercado. Lugar ideal de encuentro de voluntades expresadas libremente. Junto a esta definición aparece inevitablemente el análisis de la «competencia perfecta» como el ámbito en el cual el mercado expresa el máximo de su potencialidad, como puro instrumento de ubicación de bienes y servicios: innumerables productores e innumerables compradores incapaces, individualmente, de influir sobre la cantidad y sobre el precio. Un modelo ideal que no ha existido jamás. Un modelo, sin embargo, que siempre se ve como la forma primigenia de la que han salido todas las restantes formas del mercado capitalista. El desarrollo histórico del mercado se ve, por tanto, como una modificación continua de la “libre competencia”, hasta la concentración oligopolítica. Haciendo una comparación con la ideología religiosa: desde el paraíso, hacia abajo, hasta el infierno[34].

Pero esta evolución encuentra sus motivaciones ya en el paradigma, como hacía notar Proudhon:

“Por tanto el monopolio es el final fatal de la competencia que lo genera con una incesante negación de sí misma; esta génesis del monopolio es su justificación”[35].

De hecho el mercado, donde la competencia debería ser libre, desarrollándose en un plano horizontal entre productores y consumidores, e incluso en el interior de estas dos categorías, contiene al menos un elemento de distorsión en su pretendida naturaleza contractual «a la par»: la empresa[36].

Esta, al nacer y desarrollarse sobre un contrato entre desiguales (capitalista-proletario), y siendo su relación la base del elemento producción, distorsiona toda la perspectiva horizontal del mercado, considerando incluso el hecho (más que obvio) de que esta jerarquía repercute también en la categoría de los consumidores.

¿Cuáles son las características fundamentales de un sistema capitalista de mercado? Sobre todo estas:

1) La propiedad privada de los medios de producción y la iniciativa privada.

2) La búsqueda del beneficio como elemento constitutivo para el ejercicio del poder.

3) El reparto de las riquezas, de los bienes y réditos a través del mercado y el sistema de precios.

El mercado es, probablemente, «el ambiente» que permite la manifestación más completa de los restantes elementos arriba indicados, como destaca Von Mises:

“El mercado es así el núcleo vital del ordenamiento capitalista de la sociedad, es decir la esencia del capitalismo. Sólo con el capitalismo, por tanto, es posible. Y estos resultados no pueden ser artificialmente imitados por el socialismo”[37].

Esta afirmación la refuta completamente Daniel Chauvey, militante de la CFDT francesa, que sostiene que la economía de mercado es sólo en apariencia propia del sistema económico de tipo capitalista; el mercado de tipo capitalista es un mercado falso, exactamente como el contrato de trabajo de los asalariados es un pseudocontrato. La verdadera economía de mercado, basada en un libre diálogo entre productores y consumidores, está todavía por crear.

Por tanto, sin caer en el neo-liberalismo de los “nuevos economistas”: sostenemos que el mejor medio conocido hasta hoy para satisfacer la utilidad social es el mercado. Hay que reconocer que el mercado, o mejor su mecanismo, es un instrumento muy eficiente en la distribución de bienes y servicios. Una sociedad compleja necesita información sobre las preferencias de los consumidores para decidir qué producir y qué técnicas emplear de forma que se obtenga una distribución racional según las preferencias expresadas. Además, el mercado para funcionar no necesita ninguna centralización.

Eso coloca a las empresas en situación de leer sus datos[38] con un esfuerzo mínimo, gracias a sus automatismos. Para operar, las unidades productivas no necesitan un conocimiento general del panorama económico, sino un conocimiento limitado al sector en que operan. Queda, sin embargo, el hecho de que en la situación actual el mercado está “conquistado” por las empresas que consiguen adquirir mayor información y conocimientos más amplios.

El mercado es hoy objeto de una minuciosa revaluación, sobre todo en el campo socialista. Los términos «mercado socialista»[39] o «socialismo de mercado»[40] han comenzado a circular, incluso en Italia, y a alimentar un gran debate[41].

Yo creo que el problema del mercado no está en adjetivar el sustantivo, casi hasta el punto de querer mitigar su aspecto diabólico para convertirlo en angélico, sino en reconocer claramente que el mercado es un elemento de cálculo económico y de distribución racional, y que no tiene leyes innatas sino que se mueve en armonía con las precondiciones sociales en que debe actuar. Se debe, por tanto, examinar según qué nuevas «leyes económicas» deberá moverse el mercado en una sociedad autogestionada.

Desde esta óptica es posible ya una primera observación: el mercado puede ser ámbito de libertad de acción, pero también es portador de desigualdad económica.

XI. La planificación

OSKAR Lange dice que: «la planificación económica, o más exactamente, la planificación del desarrollo económico, es una característica esencial del socialismo»[42].

Esta posición ha sido siempre compartida tanto por el campo marxista como por el espectro libertario. La diferenciación se sitúa sobre el tipo de programación: centralizada e imperativa en el primero, descentralizada y democrática en el segundo.

El socialismo autoritario ve la planificación centralizada operando sobre un ámbito de propiedad estatal de los medios de producción, y el reparto de los bienes y las riquezas efectuado mediante disposiciones administrativas dispuestas desde el centro. Mientras que el socialismo libertario considera la planificación descentralizada como un instrumento para coordinar los esfuerzos productivos con el fin de regular igualitariamente el reparto de los bienes y las riquezas en presencia de una propiedad socializada de los medios de producción.

Lo que no veo es la íntima conexión, que se da por sabida, entre socialismo y planificación, incluso porque los regímenes definidos como capitalistas basan su desarrollo según líneas dictadas por la planificación; la misma gran empresa es un centro de planificación.

Como el mercado no es sólo capitalista, igualmente la planificación no es un atributo del socialismo. Es más bien sobre la cualidad, sobre las características, sobre los mecanismos decisorios, hacia donde conviene dirigir el análisis. Del examen de la historia económica se extrae que un determinado mercado se ha convertido en instrumento de desarrollo del capitalismo, así como una determinada planificación está estrechamente ligada al acceso al poder de la clase tecnoburocrática. La planificación está particularmente ligada al ejercicio del poder por parte de la tecnoburocracia. La planificación moviéndose en el ámbito del conocimiento y el saber social, se adapta mejor a las características de esta clase detentadora de la «propiedad intelectual. Si en los regímenes post-capitalistas la conexión planificación-tecnoburocracia es fácilmente identificable, en los regímenes tardo-capitalistas vemos que ésta se desenvuelve cada vez con más frecuencia en concomitancia con la saturación del mercado capitalista y el recurso a la planificación estatal. Existe, por tanto, un paralelismo entre planificación y nuevos patronos[43], ligado a una forma de administrar la economía.

A esta argumentación se suele objetar que la planificación descentralizada, salvaguardando los intereses colectivos y siendo controlada por la «base», no permitirá la creación de un nuevo poder: los planificadores serán coordinadores de las voluntades colectivas. Se trata de una opinión muy difundida que merece un examen un poco en profundidad[44].

Un ejemplo sumario. Supongamos un contexto autogestionario que, para coordinarse y para satisfacer las exigencias de sus miembros y de la colectividad entera, adopte un tipo de planificación realmente democrática. ¿Cómo se desarrollará el proceso planificador? Cada unidad productiva, y cada consumidor, expresará datos referidos o a su potencialidad productiva o a sus necesidades. Para poder trazar directivas de tipo generalizado, y para poder establecer las prioridades (en definitiva, para poder planificar), hay que confrontar estos datos, lo que solamente es posible centralizándolos. A esta fase debe seguir una elaboración de los datos, por ejemplo a través de una computadora.

La respuesta o respuestas serán «leídas» y se dispondrá una «solución del plan», o varias soluciones, que deberán enviarse a la periferia para que se efectúe la elección entre las mismas. Todo muy neutro: la planificación como instrumento de coordinación y no como desarrollo de poder.

Sin embargo, hay muchas objeciones que hacer. La primera dificultad está en la manifestación y recogida de los datos: distancia temporal entre la expresión de la potencialidad productiva y su actuación y posibles modificaciones, dificultad para establecer las necesidades futuras y clasificarlas, posible enfrentamiento de estas manifestaciones, modalidades de recogida de datos. Pero admitamos que todo esto se pueda resolver de forma satisfactoria. El siguiente problema será el de la confrontación y elaboración de los datos recogidos. Esta fase comporta la intervención de «técnicos del plan» que coordinan los datos y (aún dando por descontada la máxima objetividad posible), está latente un lado de subjetividad, afortunadamente imposible de eliminar en cada individuo. La elaboración contiene «cantidades discrecionales» así como la «lectura» de la respuesta o respuestas de la computadora que implica, de hecho, otra discrecionalidad que se repite también en la formulación de las varias soluciones al plan. Aún no teniendo en cuenta la inesperada, aunque cierta, autocrítica de Giorgio Ruffolo: En el plan, la elaboración de las funciones-objetivos establecida por los burócratas pasa a través del filtro de sus intereses de clase[45] hay que reconocer que los técnicos del plan no son autómatas y que, incluso anulando cualquier interés particular, llegarán a soluciones que surgen de un proceso decisional en el que ellos son una componente nada despreciable, que mermará su objetividad.

Finalmente el último problema: ¿con qué modalidad y a través de qué mecanismo las «soluciones del plan» volverán a los interesados? ¿Cómo se hará la elección? Todo muy complejo, quizá no insuperable, pero siempre queda el hecho de que en el momento de la elaboración, de la lectura y de la formación de las «funciones-objetivo», existe un nudo sin resolver en el proceso programatorio de tipo libertario.

La complejidad, las competencias que necesita y la discrecionalidad que la programación, de hecho posee, hacen que se convierta en un ámbito privilegiado para la formación de una «función dirigente» capaz de investir a la globalidad de la sociedad. Una función que se legitima gracias a la capacidad de encontrar soluciones eficientes. Por otra parte, aunque la planificación fuese únicamente «indicativa» hay que reconocer que el condicionamiento «técnico y moral» de la oficina de estudios de la planificación podría resultar tan vinculante como las directrices de la planificación autoritaria. Sin olvidar mencionar que el hecho de la pretendida igualdad entre empresas, consumidores y oficina del plan, sería sólo formal dado el diverso grado de conocimientos.

Además, la rotación de los cargos resulta enormemente difícil porque requieren competencias muy especializadas, traduciéndose en un momento de capitalización (individual o de grupo) de los conocimientos encaminados a dirigir toda la sociedad, preludio, quizá, de la formación de una «tecnocracia de signo libertario».

¿Es posible una síntesis entre planificación y mercado?

Con toda seguridad, los términos mercado y planificación resultan impropios al conjugarlos con autogestión libertaria; me veo obligado a usarlos, a pesar de las reservas expresadas, a falta de otros términos que los sustituyan (no sólo gramatical sino también conceptualmente).

Un gran filón del pensamiento económico actual tiende a reconocer que el mercado tiene muchas virtudes pero también muchos defectos. Y lo mismo ocurre con la planificación. Por lo tanto se suele intentar una operación bastante ingenua, que, sustancialmente consiste en decir: «Tomemos las virtudes de estos dos sistemas, dejemos de lado los defectos y tendremos un régimen económico perfecto».

Desgraciadamente la solución no es tan simple porque, tanto el mercado como la planificación, a pesar de no ser monolíticos, tienen una dinámica difícilmente separable. Además, la síntesis entre planificación y mercado podría llevar a una planificación imprevista y a un mercado mantenido artificialmente. La óptica para moverse no debe ser la de la síntesis, sino la de la multiplicidad de soluciones, lo mismo que son múltiples los problemas a resolver. El mito de la solución única y polivalente forma parte de un equipaje retórico del que debemos liberarnos lo más pronto posible.

Para un verdadero pluralismo necesitamos soluciones plurales.

Las soluciones podrían, por tanto, plantear como hipótesis la coexistencia de diversos sectores, cada uno autónomo, pero al mismo tiempo ligado a los otros, de forma que los efectivos positivos tengan plenas posibilidades de expresarse, y los efectivos negativos estén atemperados, e incluso anulados por los otros sectores económicos, y así sucesivamente.

 

XII. Perfil económico

“UN programa que está en contacto con las bases de la constitución social no puede hacer más que indicar un método, por tanto, hay que considerar, sobre todo, la anarquía como un método”. Estas palabras de Malatesta expresan, con toda claridad, cuál debe ser la aproximación hacia una configuración de los aspectos económicos de una sociedad autogestionaria. La individualización de determinadas formas económicas hay que verla, por tanto, como una extensión de la metodología utilizada hasta aquí. En definitiva, una «hipótesis de trabajo» en absoluto definida sino, por el contrario, discutible y modificable a medida que las investigaciones y las experiencias vayan sacando a la luz las carencias o los errores.

La articulación del pensamiento anarquista (individualismo, colectivismo, comunismo), es la manifestación de su pluralismo, también a nivel teórico. Las tres vertientes de hecho, hay que verlas como expresiones de tres exigencias diversas del anarquismo que se remiten no sólo a concepciones sociales, sino también económicas.

Partiendo de esta constatación, yo creo (retomando todo lo dicho en el párrafo anterior), que individualismo, colectivismo y comunismo, son la manifestación de diferentes necesidades a las que deben corresponder diferentes regímenes económicos: de las necesidades individuales diferenciadas, a las necesidades individuales «de base», a las necesidades sociales colectivas.

Examinemos, a llegar a este punto, en forma necesariamente sintética estos sectores de la economía autogestionaria:

a) El sistema productivo de bienes y servicios

La unidad-base de estos sectores, lógicamente, la empresa autogestionada. Un modo simple y que no necesita de organismos organizativos a «nivel superior», consiste en ver las empresas actuando en relaciones de mercado, es decir, en presencia de transacciones efectuadas sobre el valor de cambio y realizadas a través de la moneda. La «propiedad social» es la relación que liga la empresa con la comunidad y, operativamente, se traduce en «propiedad colectiva» de los trabajadores, sobre la empresa.

Se trata de un mercado de tipo particular que se integra con una serie de elementos equilibrantes.

A fin de evitar dispersiones en el empleo de las riquezas, la producción, a nivel general, se define sobre la base de una planificación indicativa, que resulta de la recogida de datos a nivel comunitario. En este caso la planificación es de tipo particular, porque formalmente no implica a nadie, es más una descripción de las expectativas, una manifestación de voluntad, y asume las características de una «pro-mesa de contrato» no condicionante. Contrato que se repite en la estipulación de acuerdos entre las empresas de varios sectores para el reparto de la producción.

La atenuación de las desigualdades económicas entre empresas podría hacerse a través de una red entrecruzada de participaciones: es decir, que cada empresa percibirá una cuota de sus réditos netos, junto a las cuotas de réditos netos de las empresas ligadas a ella, y así sucesivamente[46].

La red entrecruzada de participación se mueve como una «mancha de aceite», concatenando todas las empresas de la comunidad y, eventualmente, las empresas de comunidades limítrofes y así sucesivamente, o coaligando empresas del mismo sector sobre todo el tablero de la comunidad.

Un elemento integrador ulterior podría ser la institución de controles llevados a cabo por asociaciones de productores y asociaciones de consumidores sobre las diversas empresas y sobre la calidad de los productos en circulación.

Incluso dentro del intencionado esquematismo, creo haber proporcionado un cuadro operativo y de relaciones que, sin quitar nada a la dinámica empresarial, obtiene el efecto de un reparto de réditos más igualitario. Sobre todo, he planteado la hipótesis de una estructura que se mueva esencialmente sobre un plano horizontal, y que favorece el acuerdo directo sin necesidad de mediaciones colocadas a un nivel superior. Un ámbito en el cual se encuentren dos regímenes económicos que son también dos formas «ideológicas»: el individualismo (a cada cual según lo que puede y quiere) del consumidor con el colectivismo (a cada cual el producto de su trabajo) de las empresas.

Las carencias insertas, sobre todo en la atenuada desigualdad del rédito, serían mitigadas ulteriormente por el sector sucesivo.

b) Los servicios y los bienes individuales «de base»

La comunidad libertaria al garantizar todo lo necesario a cada habitante[47] conseguirá uno de los principales objetivos de una sociedad igualitaria. Todos deben poder disfrutar de los bienes y servicios mínimos (comida, vestido, etc.) establecidos por la propia comunidad.

Para no crear organismos burocráticos de asistencia es necesario instituir una relación de arriendo entre comunidad y empresas.

Las empresas arrendatarias harán sus prestaciones en régimen de competencia y serán remuneradas por la comunidad según prestaciones cualitativas, de forma que debería impedirse el descenso cualitativo: a mejores servicios prestados, mayor será el número de los demandantes, mayor será la conformidad de la comunidad.

En este ámbito se realiza una interesante secuencia de valor uso-valor de cambio. La demanda de servicios, al ser gratuitos, se realizará según los valores de uso individuales mientras las empresas serán remuneradas por la comunidad según los normales valores de cambio. Secuencia que, analizada desde un ángulo ideológico, puede entenderse: comunismo (a cada cual según sus necesidades y/o en partes iguales) para el consumidor, y colectivismo (a cada cual según los productos de su trabajo) para las empresas arrendatarias.

Dejando el profundizar en los mecanismos y modos de utilización de estos servicios, y las verificaciones necesarias que pueden ser resueltas con el auxilio de elaboradores, creo que es oportuno analizar como se proveerá la comunidad de los medios financieros para la remuneración de las empresas arrendatarias.

Un método puede consistir en la inversión de una cuota de rédito neto en cada una de las empresas de la comunidad.

c) Los servicios sociales colectivos

En este sector puede entrar el aprovisionamiento de bienes y servicios que podrían ser distribuidos con el sistema precedentemente expuesto, pero que la comunidad prefiere, o cree, más útil gestionar en primera persona (hospitales, transportes, etc.), o aquellos servicios que por su naturaleza interesan a toda la comunidad indistintamente (agua potable, alcantarillado, carreteras, etc.).

Según su naturaleza, estos servicios pueden ser llevados directamente por todos los miembros de la comunidad con un sistema rotativo, o con la institución de entes ad hoc.

Este ámbito actúa más allá de las reglas de funcionamiento típicas de las empresas autogestionadas: el parámetro no viene dado por la moneda u otros aspectos, sino que se resuelve en “parámetros técnicos” o cuantitativos, asumiendo por tanto la forma “ideológica” del comunismo tanto en la producción como en el consumo.

Las asambleas de comunidad son el órgano decisorio que establece tanto los tipos de rotaciones a efectuar, como los objetivos de los entes. En este último caso la gestión del ente se produce por la combinación de las decisiones de la comunidad con las de los trabajadores del propio ente.

La constitución de entes plantea una larga serie de problemas de difícil solución, toda la estructura debe examinarse con atención porque debiendo actuar en un contexto ligado a parámetros económicos (presentes, a pesar de todo, e incluso en las empresas arrendatarias), puede ser elemento de distorsión, dada la imposibilidad que tiene la comunidad de intervenir directamente en la gestión que deberá de resolverse en forma mediata, a través de encargados.

Por otra parte, los trabajadores del ente, al encontrarse operando en sectores de interés general, estarán en una posición cualitativamente distinta respecto de los trabajadores de las empresas autogestionadas.

Incluso el financiamiento de estos entes es un problema más complejo al no ser fácilmente identificable, e incluso imposible de cuantificar, los servicios prestados que se traducen en costes sociales. La financiación, de todas formas, debería hacerse a través de inversiones de cuotas de rédito neto en las empresas.

d) El sistema financiero

Los flujos financieros de las empresas a la comunidad y a los entes, o llegan directamente, o se hará necesario un organismo que recoja y reparta estas sumas de dinero.

En el primer caso, tanto la empresa como los entes se verán sumergidos en una mole considerable de registros, listas, etc., que complicarán y burocratizarán notablemente la gestión de los mismos.

En el segundo caso asistimos a la creación de una oficina-caja o banco (utilizo el término banca, a pesar de serme particularmente odioso, porque me parece superfluo esconderse tras las palabras. No niego que se le pueden dar otros nombres a este organismo, lo importante, me parece, es definir las funciones), que englobará, en su gestión, este aspecto administrativo de la comunidad.

Pero hay más necesidades propias de una sociedad compleja[48] que deben ser consideradas.

Para evitar que la banca se convierta en un organismo capaz de condicionar la economía entera de la sociedad es necesario que su estructura esté conformada según modalidades que la vacíen de poder. Una posibilidad puede consistir en ver la banca como un ente mixto, constituido por las empresas, los depósitos privados y la comunidad.

De este modo la banca no debería ser una entidad separada de la comunidad, sino que su función estaría englobada en ésta.

Los propios trabajadores de la banca no deberían ser fijos, sino que deberían «proveerse» de las empresas por un período convencionalmente establecido. Se lograría, de esta forma, un control más directo de la gestión y se impediría con la rotación la formación de una categoría de trabajadores separados de cualquier proceso productivo.

Es evidente que las funciones de la banca quedarían reducidas al mínimo, y esto es posible.

El consorcio entre las bancas de las diversas comunidades se ocuparía de la emisión de la moneda, regulando las emisiones con acuerdos periódicos. Por lo que respecta al interés, si los trabajadores de la banca reciben sus compensaciones de las empresas a que pertenecen podría incluso ser eliminada.

Queda por examinar si la comunidad, para regular la distribución de los préstamos, querrá introducir un interés como medida de la economicidad del proceso productivo financiado, o si en cambio el reintegro del préstamo se hará mediante amortización de la suma recibida.

XIII. Por encima de la economía

EL PERFIL trazado hasta aquí no está exento de críticas. A pesar de las modificaciones introducidas en el funcionamiento del mercado y de la planificación, se pueden ya, desde ahora, encontrar momentos y pasajes que encierran potencialidad tecnoburocrática, o, al contrario, capitalistas. Hay que repetir, una vez más, que el contexto social es el único ámbito que puede impedir la afirmación de mecanismos económicos en contraste con los objetivos de la autogestión total. En definitiva, es la voluntad de las personas singulares y de la colectividad quien debe imponer las soluciones, no aceptando la lógica de la eficacia productivista.

Por otra parte, se han dejado de lado aspectos importantes a nivel macroeconómico, que necesitarán soluciones apropiadas.

En definitiva, me he limitado a examinar algunos momentos esenciales de la vida económica a nivel comunitario. De todas formas, creo que el método es correcto, sobre todo si este análisis y las indicaciones que se extraen se insertan en la primera fase de transición, de aquella transición que no conoce frenos y que ve en la sociedad anarquista la sociedad de la revolución continua.

Esto significa continua evolución en la revolución con la consiguiente modificación de las estructuras no sólo económicas, sino también sociales condicionadas siempre a la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas para la superación de la economía tal y como hoy la concebimos.

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